Sevilla es gobernada por los lobbies o grupos de presión y de intereses económicos y empresariales, sin contar con los sevillanos. Bajo los mandatos anteriores y presente se han venido realizando políticas que perjudican la vida en la ciudad, empeoran los servicios públicos y rompen el equilibrio entre los barrios.

La ciudad continúa liderando el ranking de BARRIOS MÁS POBRES de España, que se concentran especialmente en su periferia. Los cortes de luz en ellos constituyen un problema enquistado. La limpieza en los barrios es muy deficitaria. Las infraestructuras necesarias en aquéllos no tienen fecha. Las obras y supuestas mejoras que se ejecutan en la ciudad se hacen sin orden ni concierto y la mayoría de las veces en agravio de las zonas menos favorecidas.

La prioridad no es repartir inversión de forma homogénea, sino proporcionalmente y concentrarla en algunos barrios críticos con intervenciones integradas (empleo + educación + vivienda + espacio público de calidad). Las inversiones con mayor impacto son las que combinan rehabilitación física con activación económica y servicios de proximidad.

Son prioritarias la regeneración del espacio público, la mejora de la conectividad y el transporte, el refuerzo educativo intensivo, los incentivos a pymes y comercio de proximidad y la activación económica en estos espacios.

Se abandona el cuidado de muchos barrios, desviando servicios municipales hacia las zonas más turístificadas, lo que no hace sino aumentar la distancia entre los sectores de la ciudad y las desigualdades entre ellos.