En Sevilla se viene produciendo una alarmante y progresiva pérdida del espacio público, cedido, en muchas ocasiones, sin consentimiento ni planificación a los lobbies que lo privatizan hasta la extenuación. Este descontrol compromete el uso y disfrute de los sevillanos de algo que es de todos, además de impactar muy negativamente contra el derecho a la movilidad, la accesibilidad universal y el derecho al descanso, que compromete la salud de los vecinos.

No se pone freno efectivo al abuso de la acción barificadora y veladorizadora. El descontrol resta mucha calidad de vida a los sevillanos en favor de restauradores y hosteleros, que van contra el uso razonable de calles y plazas para los vecinos. El carácter subsidiario del espacio para veladores ha sido invertido y ahora el espacio público es de preeminencia hostelera y anecdótico para el viandante. Además, muchas de las obras de peatonalización o ampliación de acerados, pagadas con el dinero público, son actualmente sólo de aprovechamiento para la hostelería, sin olvidar, por último, que la concatenación de zonas para veladores deriva en un gran problema de ruido que violenta sistemáticamente el derecho al descanso de los vecinos.

Desde el gobierno local se pretende hacer de Sevilla un lugar de actividades y eventos continuos, a una escala inasumible, que no deja respirar a los vecinos y que compromete la seguridad de los barrios. Cada día, cada fin de semana o incluso por largos períodos continuados se usurpa el uso del espacio público con la ocupación del mismo con eventos de toda índole. Además de la presión sobre los ya mermados servicios públicos, supone también una molestia para los ciudadanos que viven, trabajan o simplemente han de trasladarse a esos lugares.  El incumplimiento sistemático de la normativa genera una percepción de impunidad que erosiona la convivencia y la confianza en las instituciones.

Derogación de la actual ordenanza de veladores y redacción de un nuevo texto normativo en beneficio del uso peatonal prioritario del espacio público, así como del derecho a la movilidad y la accesibilidad universal, encaminado a la reducción de mesas y sillas, horarios y ubicaciones acordes al uso residencial del entorno y control de la emisión de ruidos. Se garantizará el cumplimiento estricto de la norma, dotando de medios humanos y técnicos de inspección verdaderos y suficientes.

Acabar con la eventización masiva. Se realizará una programación para que Sevilla cuente con el número adecuado de eventos para la cultura, el deporte, congresos profesionales, etc., atendiendo al número anual de los mismos, a la ubicación, al presupuesto municipal, al número de trabajadores municipales dedicados a ellos, de manera que no perjudiquen al resto de servicios públicos de la ciudad. Hay que acabar, en cualquier caso, con el actual colapso y la excesiva privatización temporal de espacios públicos para eventos, así como con los problemas de limpieza, inseguridad, vandalismo, movilidad y descanso.

El espacio público no puede ser privatizado de facto. La actividad económica es esencial para la ciudad, pero debe desarrollarse siempre dentro de la legalidad y respetando su carácter subsidario y el derecho de todos. El cumplimiento de las ordenanzas no es negociable, porque es la base de la convivencia.